¿Qué está pasando en Valencia? Sindicato Unificado de Policía (SUP)
...Y lo de ayer, las cargas, justificaciones y conveniencia de haber actuado como se hizo es un punto de inflexión, habiendo pasado de tener toda la razón a empezar (o acabar) de perderla.
Lo primero que hay que valorar es que cortar una calle al tráfico, quemar contenedores y arrojar botellas y otros objetos a la Policía no es ningún derecho constitucional ni democrático. Eso no está en nuestras normas y son atentados contra la convivencia. Harían bien quienes se dan mucha prisa en atacar y denunciar a los policías en dejar esto claro porque de momento no se lo hemos oído a nadie.
Dejando claro lo anterior, lo siguiente a valorar es si por un corte de tráfico, en el ambiente artificialmente creado y con los efectivos que había, se debe ordenar una carga policial para restablecer el tráfico, o si eso es, dicho vulgarmente, “matar moscas a cañonazos”. Porque el fin que se pretendía, restablecer una calle al tráfico, era menos importante que no provocar un clima de crispación, heridos, y violencia que es bastante más perjudicial para la convivencia que el que esa calle estuviese una o dos horas más sin circulación.
Quien dio la orden de cargar (la Delegada del Gobierno y el Jefe Superior de Policía) cometieron un grave error. No se puede hacer. El principio de autoridad (la gestión de los espacios públicos) debe interpretarse con la suficiente flexibilidad como para no crear interviniendo la Policía un problema mayor que el que se pretende resolver.
Lo primero que hay que valorar es que cortar una calle al tráfico, quemar contenedores y arrojar botellas y otros objetos a la Policía no es ningún derecho constitucional ni democrático. Eso no está en nuestras normas y son atentados contra la convivencia. Harían bien quienes se dan mucha prisa en atacar y denunciar a los policías en dejar esto claro porque de momento no se lo hemos oído a nadie.
Dejando claro lo anterior, lo siguiente a valorar es si por un corte de tráfico, en el ambiente artificialmente creado y con los efectivos que había, se debe ordenar una carga policial para restablecer el tráfico, o si eso es, dicho vulgarmente, “matar moscas a cañonazos”. Porque el fin que se pretendía, restablecer una calle al tráfico, era menos importante que no provocar un clima de crispación, heridos, y violencia que es bastante más perjudicial para la convivencia que el que esa calle estuviese una o dos horas más sin circulación.
Quien dio la orden de cargar (la Delegada del Gobierno y el Jefe Superior de Policía) cometieron un grave error. No se puede hacer. El principio de autoridad (la gestión de los espacios públicos) debe interpretarse con la suficiente flexibilidad como para no crear interviniendo la Policía un problema mayor que el que se pretende resolver.
El número de efectivos disponible para eso era claramente insuficiente. Aunque hay quienes, por ignorancia, critican el excesivo número de policías en algunos
despliegues, más policías es igual a menos violencia policial. Si se recibe la orden de abrir al tráfico una calle y tienen que hacerlo cincuenta policías solo pueden hacerlo cargando, a la carrera, y golpeando a las personas con la defensa reglamentaria (en esto también ha habido algún comportamiento que no se ha atenido a lo dispuesto en el protocolo de actuación); si en vez de 50 son 300, forman un cordón y andando restablecen la circulación sin dar un solo golpe. Mala planificación, sin medios, decisiones erróneas y peor explicación. Y no puede haber cuatro periodistas golpeados porque van a informar, no a manifestarse.
La intervención del Jefe Superior de Policía ha venido a arrojar más gasolina al fuego. Comparece sin uniforme refiriéndose a los manifestantes como el enemigo, en lenguaje claramente del pasado. No es un nombramiento del actual Gobierno sino del anterior, y su gestión de la crisis (junto con la Delegada del Gobierno) ha sido un fracaso.
Las declaraciones de hoy del ministro del Interior diciendo que la actuación policial tal vez ha sido excesiva es un acto de cobardía política y personal, porque si ha sido excesiva debe empezar por cesar a la máxima responsable política, la Delegada del Gobierno, y después por fijar protocolos de actuación adecuados a esas situaciones, que no existen. Y después iniciar una investigación sobre todos los hechos ocurridos, disponer que se graben todas las actuaciones, e impartir instrucciones a los delegados del Gobierno, jefes superiores y responsables de las UIPs de cómo hay que actuar en los conflictos que sin duda se van a repetir en el futuro inmediato.
Descargar toda la responsabilidad en que la actuación de la Policía ha sido excesiva es políticamente cobarde y moralmente miserable.
La Policía sabe, puede y debe hacerlo mejor que lo hizo ayer en Valencia. Hay que disponer del número de efectivos suficientes, de la flexibilidad necesaria, la
intervención con el uso de la fuerza mínima imprescindible y la identificación y
detención de los autores de agresiones y provocadores de altercados.
No hay que despreciar el clima de rechazo a la Policía por los jóvenes que, por
aplicación torticera de la ley 1/92 (popularmente conocida como Ley Corcuera), sufren decenas de identificadas indiscriminadas en cualquier lugar, bocas de metro, parques públicos, puertas de centros de ocio o en cualquier calle, por la política de seguridad implantada de justificación estadística, que lleva a que en España haya cada año millones de personas identificadas sin ninguna justificación. Años llevamos denunciado esta práctica errónea, que atenta contra los derechos civiles de los ciudadanos y contra la seguridad jurídica de los policías sin que nadie, ni el fiscal general del Estado, ni el Defensor del Pueblo, ni los grupos parlamentarios hayan actuado desde que, en enero de 2009, los sindicatos pusimos estos hechos en su conocimiento.
Hay que mantener la seguridad, gestionar los espacios públicos para que sean de todos y hacerlo utilizando la fuerza proporcionalmente necesaria para ello. Ni más ni menos.
La Policía sabe, puede y debe hacerlo mejor que lo hizo ayer en Valencia. Hay que disponer del número de efectivos suficientes, de la flexibilidad necesaria, la
intervención con el uso de la fuerza mínima imprescindible y la identificación y
detención de los autores de agresiones y provocadores de altercados.
No hay que despreciar el clima de rechazo a la Policía por los jóvenes que, por
aplicación torticera de la ley 1/92 (popularmente conocida como Ley Corcuera), sufren decenas de identificadas indiscriminadas en cualquier lugar, bocas de metro, parques públicos, puertas de centros de ocio o en cualquier calle, por la política de seguridad implantada de justificación estadística, que lleva a que en España haya cada año millones de personas identificadas sin ninguna justificación. Años llevamos denunciado esta práctica errónea, que atenta contra los derechos civiles de los ciudadanos y contra la seguridad jurídica de los policías sin que nadie, ni el fiscal general del Estado, ni el Defensor del Pueblo, ni los grupos parlamentarios hayan actuado desde que, en enero de 2009, los sindicatos pusimos estos hechos en su conocimiento.
Hay que mantener la seguridad, gestionar los espacios públicos para que sean de todos y hacerlo utilizando la fuerza proporcionalmente necesaria para ello. Ni más ni menos.
Madrid, 21 de febrero de 2012
José Manuel Sánchez Fornet
Secretario General.
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