Arturo Fernández instaba ayer al gobierno, en referencia a la re-re-reforma laboral, a legislar de un modo inmediato ante la lejanía de posibles acuerdos con los sindicatos "oficiales".
Su terquedad y contumacia en el mantenimiento de unas posturas inasumibles para cualquier interlocutor, por muy voluntarista que este sea, como la congelación salarial en los años 2.012 y 2.013 que unida a la subida de impuestos y precios implicaría una pérdida brutal en el poder adquisitivo de los asalariados, o la reducción de la indemnización por despido que se traduciría en la sustitución en las empresas de los empleados con mayores retribuciones fruto de su antigüedad y experiencia por nuevos trabajadores que forzados por las circunstancias aceptarían salarios más bajos y peores condiciones laborales, han dado al traste con la posibilidad de llegar a acuerdos más profundos.
El apalancamiento en planteamientos convecionales por parte de los sindicatos tampoco aporta nuevos matices enriquecedores a la negociación, aunque en este caso es de agradecer el que no hayan cedido ante los dislates propuestos por la patronal.
La pelota queda ahora en el tejado del gobierno, que puede encontrarse con una huelga general antes de haber cumplido sus primeros 100 días de mandato.
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